DESCUBREN IMPERIO

I.-INVESTIGACIÓN POR 11-S  DEVELÓ SU IMPERIO

Augusto Pinochet Ugarte debe haber sentido el mismo asombro y pánico que recorrió el planeta el martes 11 de septiembre de 2001. Televisado en directo por la cadena mundial CNN, dos aviones de pasajeros se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, corazón financiero de Estados Unidos, tornándose en el más espantoso y cruento atentado terrorista conocido hasta entonces.

Tras establecer que los responsables pertenecían a la organización musulmana “Al Qaeda”, el gobierno del Presidente George Busch adoptó medidas dirigidas tanto a atraparlos como a reforzar su seguridad vulnerada. Una fue la denominada “Patriot Act”, que amplió considerablemente sus poderes para detener a inmigrantes bajo sospecha, interceptar comunicaciones y atacar el lavado de dinero, en el marco de la “guerra contra el terrorismo”.

Esto permitió a la CIA espiar transacciones financieras internacionales efectuadas en y con su sistema bancario, explicó Stuart Levey, subsecretario del Departamento del Tesoro. La operación ultrasecreta se centró en estadounidenses y de otro origen, bajo sospecha de estar vinculadas a redes terroristas. En paralelo, el Comité de Asuntos Gubernamentales del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado se centró en el lavado de dinero y la corrupción extranjera, basándose en la aplicación y efectividad de la “Patriot Act” (Ley Patriota). Consistió en un profundo análisis de estas actividades en los bancos privados, bancos corresponsales y el mercado bursátil.

Por cierto, el miércoles 15 de julio de 2004, el octogenario general revivió una sensación de pavor similar a la del 11-S, cuando se anunció el descubrimiento de su secreto imperio financiero, producto de la penetrante investigación a cargo del senador republicano por Minnesota, Norm Coleman (55 años), y del senador demócrata por Michigan Carl Levin (70).

Las revelaciones hechas en 119 páginas por el Subcomité investigador derribaron cual misil la hasta entonces mítica imagen de incorrupto del ex dictador, al establecer que el Riggs Bank fue su banquero personal y burló leyes federales a su entero arbitrio, tejiendo y operativizando para él desde 1994 hasta 2002 una red clandestina de cuentas y varios certificados de depósitos (CDs) en el Banco Riggs.

Y que para evadir el embargo mundial disfrazó su riqueza, calculada inicialmente en 25 millones de dólares -y realizar múltiples negocios oscuros en diversas partes del mundo- urdió sociedades con acciones al portador -del tipo “offshore”- para el movimiento vertiginoso de sus ocultos capitales.

Sin embargo, este hallazgo representaría la punta del iceberg de todas las operaciones y movidas financieras que las autoridades norteamericanas destaparían nueve meses más tarde.

 Este feroz golpe lo recibió cuando frisaba los 88 años de edad y 31 habían transcurrido desde el sangriento golpe militar tramado contra el Presidente socialista Salvador Allende.

 Ninguna señal, por sobrenatural que fuera, le alertó del descalabro, como en cambio sí le sucedió cuando cual caudillo encabezó la sublevación castrense el martes 11 de septiembre de 1973.  Así lo explicó en su libro El Día Decisivo: “Había como una luz divina que iluminaba esos días negros.  Todos los problemas se aclaraban o se solucionaban en forma tan limpia y normal, que hasta hechos que al principio parecían negativos tenían un final favorable. Hoy, cuando miro el camino recorrido, pienso cómo la Providencia, sin forzar los actos, iba limpiando la senda de obstáculos para facilitar con ella la acción final que debíamos realizar sobre el gobierno de la Unidad Popular”.
IMPACTO DEL INFORME DEL SENADO DE ESTADOS UNIDOS

    

 En la víspera, después de la acostumbrada lectura de diarios –“El Mercurio”, “La Tercera” y “La Cuarta”- ,  concurrió a la Clínica Alemana y compró libros en una feria del ramo, acompañado de su escolta predilecto, Ricardo del Carmen Rivera Contreras, y del dispositivo de seguridad. Se mantenía muy activo, llegando a atender hasta ocho visitas en promedio -durante 2004- , en su mansión en La Dehesa,  en el fastuoso Santiago oriente, o en su oficina en calle Málaga 379.

El programa del día siguiente lo suspendió sorpresivamente. Un informante suyo le advirtió que el Senado había destrozado su honor personal. Se encerró en la biblioteca a examinar las repercusiones y con su acostumbrada sagacidad reaccionó ese mismo miércoles 15 de julio. Se comunicó telefónicamente con su asesor financiero y albacea, Oscar Custodio Aitken, y le hizo ver oblicuamente que “los fondos del Riggs debían trasladarse por el cierre del RIMCO (sigla del banco)”, (7) por lo que debía transferir todo al Banco de Chile.

Sorprendido y preocupado, Aitken se contactó primero con dos altos ejecutivos del Riggs en Washington  -Baqueiro y María Carol Thompson-, que le confirmaron lo del cese. Crédulo, pidió urgente reunión al gerente de banca internacional de Banchile Corredores de Bolsa, Juan Eduardo Biehl, al tenor de lo que sabía en ese minuto y para tratar lo pedido por su.mandante.

Pero las noticias aparecidas el jueves 16 de julio con los descubrimientos del Senado le cayeron como baldón de agua fría al asesor: “Lo más trascendente era que el señor Pinochet me había mentido, en cuanto a que los fondos del Riggs debían trasladarse con motivo de la investigación que llevaba adelante la O.C.C., y no como me había dicho él (Pinochet), el señor Baqueiro y la sra Carol Thompson, que era por el cierre del RIMCO, que manejaba los fondos del trust” .

Aitken llegó hasta las oficinas de Juan Eduardo Biehl y conversaron a puertas cerradas en el segundo piso del edificio de Av. Apoquindo, Las Condes. Versión del primero:

-“Le indiqué que lo lógico era que el Banco de Chile se desvinculara de esta situación, lo que por lo demás me había solicitado mi mandante, el general Pinochet, quien me pidió viera la posibilidad de retirar los fondos para protegerlos. El general me dijo que frente al informe del Senado era bueno sacar los fondos de Estados Unidos, porque no tenía confianza en ese país”. 

Versión de Biehl corrigiendo el pedido:

-“Consultó si era posible transferir los dineros sin dejar rastros, sin expresar destinos, a lo que respondí que no era posible, pues todas las transferencias generan registro, explicando luego cuales era todas las circunstancias, procediendo luego de informar a mis superiores” (10).

Para el consejero todo era posible. Ya tenía experiencia. A fines de 2002 pudo transferir seis millones de dólares desde el Riggs a la sociedad con acciones al portador “Belview”, sin dejar rastro de la procedencia de dicha suma. El dineral develado suscitó múltiples reacciones en todo el mundo. El diario americano  The New York Times proyectó: “Al fin la ley está por atrapar al general Pinochet”. Y a su entender, “muchos conservadores chilenos resultaron impactados con la noticia, porque previamente habían aceptado la reputación cuidadosamente cultivada del general, de ser un líder austero que no toleraba la corrupción”.

La revista francesa L’Express, en un artículo de Charles Faure titulado “La hora de las cuentas”, avizoró que “en un país como Chile, más bien conservador, donde se venera el trabajo y la austeridad”, Pinochet ya no es considerado “el salvador de la patria” (...), “porque ha caído de su pedestal el

héroe de una derecha cansada de tener que estar permanentemente defendiendo y justificando su pasado”.

El diario español El País recogió la opinión del escritor chileno Ariel Dorfman, quien tras relacionar el crimen de Orlando Letelier y las cuentas del Banco Riggs, postuló: “Si el resultado de este escándalo ayuda a que por fin haya transparencia en los manejos bancarios –sea de un terrorista como Pinochet o de los terroristas que trabajan para Al Qaeda o de los criminales de

cualquier otra organización internacional–, habremos dado un paso trascendental para controlar el mundo en que vivimos”.

En la sociedad chilena el estallido equivalió al de una bomba de racimo, generando una profusa cobertura periodística. El Gobierno hizo ver que en las actuales condiciones del país sí puede “ser investigado por la justicia sobre

su situación patrimonial", a diferencia de lo ocurrido en 1994, en que por instrucciones del entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, se adujeron "razones de Estado" para desistirse de un juicio contra el entonces comandante de jefe por el caso de los llamados “Pinocheques”.

A la sazón el Presidente Ricardo Lagos se encontraba en Washington D.C. en visita oficial. Consultado por los periodistas, aseguró que "nadie en Chile está por encima de la ley y todos debemos responder por nuestros actos, de acuerdo con la legislación”.

El Estado y sus instituciones tomaron iniciativas acordes al escándalo. El lunes 20 de julio, la Corte de Apelaciones de Santiago nombró al juez Sergio Muñoz Gajardo como ministro de fuero para investigar sendas

El martes 21 julio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso querella y su presidenta, abogada Clara Szczaranki, proyectó que se investigarían “a de todas aquellas personas que aparezcan como titulares, destinatarios o beneficiarios de los recursos cuyo origen se ignora o no aparece explicado".

A su parecer, una hipótesis a dilucidar es que “los dineros sean del Estado, porque lo que es público y notorio es que estamos ante un (ex) funcionario que fue Jefe de Gobierno, Comandante en Jefe del Ejército y Senador. Las rentas percibidas en todos estos cargos no alcanzan, ni con mucho, la cifra depositada o mantenida únicamente en el Banco Riggs y a esa suma de dinero es necesario añadir un patrimonio inmobiliario". Finalmente, adelantó su convicción: "Las cuentas que se abrieron con nombres supuestos y también a nombre de empresas de papel, son operaciones típicas y ordinarias de lavado de dinero". 

El Congreso Nacional, después de un amplio debate, optó por renunciar al nombramiento de una comisión investigadora, por estar un juez competente a cargo del caso. El bloque político de derecha,  remecido por el lío en torno a su ícono político, enfrentó con fuego cruzado al sector oficialista, levantando el denominado "caso “MOP-Gate”, referido a acusaciones de sobresueldos y desvíos a campañas electorales.

La influyente Iglesia Católica hizo oir su voz a través del Cardenal Francisco Javier Errázuriz: "Hay que hacer una investigación serena, de modo que en Chile se sepa la verdad". En tanto, el mundo castrense guardó silencio.

Como era de esperar, el ministro de fuero –moreno, delgado, de baja estatura y semicalvo-, inició su labor a zancadas tal como suele trasladarse por los pasillos del Palacio de Tribunales para evadir a los periodistas. Su estrategia: Recolectar toda la información respecto a cuentas nacionales y extranjeras, productos bancarios, propiedades, acciones, vehículos, ingresos, declaraciones de impuestos, sociedades nacionales y extranjeras, y cualquier otro antecedente u operación relacionada a Augusto Pinochet y su cónyuge María Lucía Hiriart. Para ello decretó una serie de diligencias a brigadas policiales especializadas, para recabar antecedentes fundamentales, y despachó sendos oficios solicitando información general y precisa al Servicio de Impuestos Internos, al Conservador de Bienes Raíces; a la Superintendencia de Valores y Seguros, y a los bancos.

No obstante su correcto desempeño, hubo maniobras vinculadas a dos ministros de la Corte Suprema destinadas a removerlo por presentar una sobrecarga de trabajo. Ante ello, la blonda presidenta del CDE y unos 30 abogados de derechos humanos elevararon una ponencia ante el Pleno de la Corte Suprema advirtiendo que constituiría un grave e inexplicable error aprobar esta separación. El viernes 6 de agosto el Pleno del máximo tribunal resolvió mantener a Muñoz.