SENTENCIAS JUDICIALES CONTRA PINOCHET
PRIMERAS PRUEBAS: 4.000 DOCUMENTOS DEL RIGGS
Por fin, a comienzos de agosto, el magistrado recibió el primer
torrente de cuatro mil documentos oficiales traídos desde Estados Unidos por un
emisario suyo. Esta vía autorizada la usó para evitarse el burocrático y lento
trámite del exhorto. El voluminoso primer mamotreto despachado por el
Departamento de Justicia y las autoridades del Tesoro contenían sólo los
iniciales documentos financieros
incautados al Banco Riggs de Washington.
El equipo investigador del Subcomité revisó (25)
unas 100 cajas, carpetas y discos compactos electrónicos que contenían
centenares de millares de páginas de documentos, incluyendo declaraciones
bancarias, documentación de apertura de cuentas, transferencias electrónicas,
correspondencia, correo electrónico, contratos, actas, documentación
relacionada con cuentas bancarias y transacciones específicas, documentación de
investigaciones bancarias, informes de auditoría, documentos legislativos, y
defensas legales.
También, registros de
numerosas entrevistas con representantes de instituciones
financieras, del Departamento Contralor de la Moneda (O.C.C. en inglés), la Reserva Federal ,
compañías petroleras, varios expertos y otras personas con información
relevante.
Por cierto, de todo este flujo de información emanaron las pruebas de
lo que se había dado por establecido en la audiencia del 15 de julio (26),
es decir, la existencia –provisoriamente- de nueve cuentas y depósitos en el
Banco Riggs, donde Pinochet manejó saldos por cuatro a ocho millones de
dólares.
La audiencia y el informe respectivo dejaron al trasluz las anomalías
sistemáticas del Riggs para mantener sus obligaciones contra el lavado de
dinero (AML sigla inglesa) y las fallas de los reguladores federales
encargados de asegurar su cumplimiento por parte del banco. Esto lo demostraron
con los casos de Augusto Pinochet y de la nación africana del oeste Guinea
Ecuatorial.
Respecto
al ex autócrata, el Riggs actuó como su banquero personal.
Le “abrió múltiples cuentas con el conocimiento y la ayuda de su alta dirección,
admitiendo millones de dólares en depósitos suyos sin ninguna investigación
seria sobre la fuente de su riqueza.
También creó sociedades ficticias offshort y aperturó cuentas en nombre de esas
sociedades para disfrazar que los fondos
de la cuenta eran propiedad” del general. (27).
El mismo 16 de octubre de 1998,
que convalecía de una operación de hernia lumbar en una clínica de Londres,
Inglaterra, mientras cumplía visita
privada
gestionando la compra de armamento, las autoridades británicas ordenaron su
arresto a requerimiento de los jueces Baltasar Garzón y Manuel
García-Castellón, magistrados de la Audiencia Nacional
de España, para interrogarle sobre la desaparición, secuestro o asesinato de
ciudadanos españoles en Chile.
Deliberadamente el banco le ayudó en la
ocultación y movimiento de sus fondos a sabiendas que estaba bajo investigación
y sujeto a una orden judicial internacional de congelar sus bienes.
Y para protegerlo no sólo
“alteró los nombres de las cuentas para disfrazar su propiedad” (28) y
“transfirió US$1.6 millones desde Londres a Estados Unidos”, sino que además
“gestionó transacciones” con las propias
cuentas administrativas (del Riggs), para ocultar las huellas del
perseguido en
transacciones en efectivo, entregándole en Santiago la suma de US$1.9
millones en cuatro lotes de cheques, para permitirle obtener considerables
remesas en efectivo.
Pero hasta aquí se
daba por configurada una conexión de nada más que de ocho años, entre 1994 y
2004. Dicho de otra manera, sólo la punta del iceberg.. Por de pronto, el
ministro de fuero se abocó a configurar el patrimonio del clan Pinochet, para
lo cual ofició a todos los notarios y conservadores de bienes raíces de Chile ,
solicitándoles dar cuenta por escrito de todas las compras y ventas de
propiedades en las que estuvieran involucrados los miembros de la familia
Pinochet desde 1980 a
la fecha, señalando expresamente el valor y la forma de pago de cada
transferencia.
Junto con ello, dio pasos seguros en la arista más compleja, determinar
el origen de la fortuna del ex gonernante de facto. Para ello envió un oficio
al Ejército para que informe de todas las operaciones de adquisiciones de
compra y venta de material de guerra en las que hayan participado familiares
del general (R) como agentes intermediarios. Más adelante
veremos muchísimas sorpresas en la investigación
VI.- LA PROBIDAD FUNCIONARIA , SU
POSTULADO-TRAMPA
“Que la probidad funcionaria corresponde a uno de los postulados escenciales que animan a las Instituciones que los miembros de la junta representan...”
Augusto Pinochet, 21 de septiembre de 1973.
“De pronto”, discurre el
historiador Joaquín Fermandois (29), dejó de ser “el segundo hombre”
ideal y se transforma en el primer hombre, el jefe de jefes, una dimensión
inédita, y se la juega como tal.
La particular interpretación suya de esta
nueva misión –dada en su libro “El Día Decisivo” a propósito de la conjura que
encabezó-, es que fue merced a la Divina Providencia.
Ese fervor religioso asociado a otras tantas vivencias lo asumió por influencia
de su madre, quien le hizo devoto de la Virgen del Perpetuo Socorro.
Aborrecido por la izquierda e idolatrado por la derecha, prometió
“liberar al país del yugo marxista”. Y el 14 de septiembre se hizo nombrar presidente de la Junta Militar.
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(29) Reseña publicada en Revista de Libros de El Mercurio del 16/11/2002.
Fotografía del inédito
documento original de la declaración de
1973, rolado a fojas 24.735 del
expediente.
El 21 de
septiembre efectuó una declaración jurada de bienes, sin testigos y luego
registrada por el notario Juan Valdivieso Muñoz. Textualmente, el documento que
acompañamos, dice: “Que la probidad funcionaria corresponde a uno de los
postulados escenciales que animan a las Instituciones que los miembros de la
junta representan y que, como consecuencia de ello, el compareciente no sólo
tiene el deber sino que la íntima
satisfacción de manifestar a la nación toda, cuáles son sus bienes de propiedad
personal a esta fecha”.
Consignó: “Una
propiedad en la comuna de Las Condes por Eº 3.000.000; cuatro automoviles
marcas Volkswagen, Fiat y Peugeot (2); cuenta
de ahorro por Eº 150.000, terreno en San
Francisco de Limache por US$8.000; joyas personales del matrimonio y familia
por Eº 500.000; ahorros por asignación en Ecuador ascendentes a US$117.887,65;
moneda extranjera US$3.865; biblioteca particular por Eº 750.000; mobiliario y
antigüedades por Eº5.000.000”.
Concluyó: “Que
ante Dios y la Patria ,
jura que lo anterior es la fiel y total relación de los bienes y
disponibilidades y no recuerda otros que manifestar”.
¡Olvidó ni más ni
menos que el fundo “Las Arañas”!
Trajo a su lado,
como brazo derecho, al coronel José
Manuel “Mamo” Contreras Sepúlveda, quien configuró en pocos meses –con el apoyo
de otros coroneles- un poderoso aparato de Seguridad, usando como elementos
operativos a decenas de civiles de la ultraderechista “Patria y Libertad” –que
lideró Pablo Rodríguez Grez- y de otras entidades ultranacionalistas. “Era su
hombre de confianza, que lo obedecía ciegamente”, en opinión del general
Ernesto Baeza Michelson, director de la Policía de Investigaciones hasta 1980 (30).
En diciembre del
‘73 funcionaba como Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), con
dotación militar, cuartel general y
delegaciones en todo el país. El coronel “Mamo” Contreras poseía muchísima
información y predominaba sobre los organismos regulares de las fuerzas
armadas. Todos los días desayunaba con su jefe máximo y le imponía de los
sucesos acaecidos en todos los frentes y de las acciones emprendidas.
Instaló
en el sector económico a otro hombre de su confianza, el general de brigada Eduardo Cano Quijada –director de
Finanzas del Ejército 1970-74-,
como presidente del Banco Central, con un
asesor clave en ese puesto y para otras futuras operaciones relacionadas con su
fortuna personal (como vimos en capitulo III): Oscar Custodio Aitken
Lavanchy, abogado especialista en manejo financiero.
Antes del término
del ‘73, la familia de Pinochet inició una larga relación con el Banco de
Chile, desde que el general abrió su primera cuenta en la sede de Santiago. En
aquel tiempo proporcionar servicios financieros al Presidente del país era
considerado un gran honor, particularmente dado que poseía entonces la
reputación de actuar de manera honesta.
En lo político,
al año siguiente, avanzó sustancialmente en la consolidación de su poder. Para
revestirse de legitimidad
institucional, el régimen lo nombró Presidente de la República el 11 de marzo
de 1974. En la magna oportunidad, él dio a conocer una “Declaración de
Principios”, en la que fijaba una reordenación total de las estructuras del
Estado. Su inspiración, los "principios cristianos", sintonizada
exclusivamente con la "civilización
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(30) Ver “La Muerte
de Pinochet”, pag. 187.
occidental".
Completadas las reformas, prometía una "auténtica democracia
protegida".
protegida".
A fines de marzo tomó como secretaria privada a Mónica Ananías Kuncar. El 14 de junio, la
Junta Militar formalizó la existencia legal de la DINA , con el decreto ley 521.
Sin embargo, desde su propio círculo cerrado emergieron posturas a favor de
devolver el poder a los civiles –en oposición al manejo personalista- y
críticas severas contra los excesos y actuaciones aberrantes de la policía
secreta. Los generales Oscar Bonilla, Ministro del Interior, y Augusto Lutz,
jefe de Inteligencia del Ejército, pagarían con su vida su atrevimiento a
desafiarlo.
CAPITULO XXII.-
DESAFUERO POR FRAUDE,FALSIFICACIÓN,
ALZAMIENTO Y DECLARACIÓN JURADA FALSA
De vuelta al proceso judicial, María Lucía Hiriart
contrató los servicios de la abogada Julia Hormazábal Espinoza como la nueva
albacea y administradora de los bienes de la familia. El convenio lo firmaron
ambas, el miércoles 26 de enero de 2005,
en la notaría de Eduardo Avello, donde pocos días antes, el 29 de diciembre,
firmó con su marido el poder general que éste le dio para manejar todos los
asuntos financieros, administrativos y patrimoniales de la familia.
Hormazábal se vinculó a su
mandataria varios años atrás, cuando la puso a la cabeza de las fundaciones
“Cema”, “Social de Ayuda” y “Mi Casa”, asuntos que más adelante ofrecerán
relevantes antecedentes en torno a la fortuna de la familia Pinochet Hiriart.
Por su parte, el ministro de
fuero Sergio Muñoz solicitó a la
Corte de Apelaciones de Santiago quitar el fuero del imputado como ex Presidente de la República , en una
fundada resolución de 13 páginas, dictada el jueves 14 de
abril de 2005.
Expuso el solicitante hechos que le
parecieron constitutivos de ilícitos. Desde las declaraciones juradas de bienes
de 1973 y 1989 hasta las declaraciones de impuestos desde 1980 a 2004,
cuestionadas por el Servicio de Impuestos Internos por omitir todos sus
ingresos. Pasando por las inversiones en el extranjero, calculadas en casi 17
millones de dólares. En este aspecto, el ministro concluyó que para evitar
aparecer vinculado, el acusado no sólo “constituyó las sociedades con acciones
al portador “ (offshore), que el lector conoció cómo se constituyeron y
funcionaron en el capítulo XVIII.D.,
sino que también “usó identidades diversas a la legal” -con las variantes
narradas en capítulos X y XII:D-,
como “con la individualización ficticia de Daniel López. De esta forma, operó
una extensa red de cuentas en numerosos bancos precisados por el
tribunal. Enseguida, detalló la forma en que de los fondos en el
extranjero ingresó a Chile poco más de cinco y medio millones de dólares.
A
juicio del Tribunal, parte de la internación se produjo por el cobro de 38
cheques por 50 mil dólares, que pese a estar nominativos al matrimonio
Pinochet/Hiriart, la secretaria Mónica Ananías logró cambiarlos en los bancos
Boston y De Chile, para posteriormente entregarle las platas a su jefe.
Con
los antecedentes acumulados de diversas fuentes, el magistrado constató todas
las “operaciones de compra y venta de propiedades y vehículos, en Chile” por
parte de Augusto Pinochet Ugarte, como persona natural. Veamos el cuadro con
todos los datos sobre ellas:
Tras
cartón, refirió las operaciones de compraventa de bienes raíces de la esposa,
verificando que en todas ocupó dineros de él, en el marco del régimen de
sociedad conyugal. Junto con lo anterior, citó las 10 propiedades adquiridas
por la Sociedad
de Inversiones “Belview” y la única de “Abanda Limited”, que fue el
departamento de Las Golondrinas 1169, cuando estaba preso en Londres. Y de ahí
el juez examinó el monto de $1.062.239.831 que pasó por las cuentas corrientes
chilenas, en el período 1998-2004.
Con el mérito de los antecedentes
reunidos hasta ese minuto culpó a Pinochet de “omisión maliciosa de ingresos”
al momento de declarar impuestos, perjudicando al fisco. Peritos del
Laboratorio de Criminalística de la
Policía de Investigaciones, precisó Sergio Muñoz,
establecieron “una diferencia en perjuicio fiscal de $5.754.189.921, respecto
del período de los años 1984 y 2004” .
Esa cifra no consideró los dividendos generados por el Trust mantenido en el
Banco de Chile Nueva York, sin perjuicio que la relación de Pinochet con el
Riggs Bank se inició en julio de 1979, y con el Citigroup, en noviembre de
1981.
En concepto del magistrado los hechos
narrados corresponderían a ilícitos previstos en el Código Tributario (artítulo
97 Nº4, inciso 1º), por cuanto el acusado “omitió” las ganancias percibidas en
el extranjero y realizó operaciones encubiertas mediante sus empresas
extranjeras. Pero también, a delitos sancionados en el artículo 210 del Código
Penal, por la declaración jurada el año 89.
Luego, el solicitante del desafuero le
atribuyó otras cuatro ilegalidades, previstas y sancionadas por el Código
Penal: 1) Usó pasaportes falsos sustraídos desde el Servicio de Registro Civil e
Identificación, para con identidad falsa
aperturar cuentas en bancos extranjeros; 2) Usó y/o confeccionó certificado
falso de sueldos y comisiones a nombre de la Subsecretaría de
Guerra para justificar dineros percibidos ante bancos extranjeros; 3) Alzó sus
bienes, para evitar embargo judicial, y cometió lavado de activos, adquiriendo
bienes con empresas ficticias e identidades falsas; y 4) Adquirió parcelas en
el sector denominado El Melocotón, comuna metropolitana Cajón del Maipo,
empleando procedimientos de negociación incompatible en su calidad de Jefe de
Estado, encuadrados en las figuras penales descritas por los artículos 240,296
y 297 del cuerpo penal.
Finalizó
su acusación, así: “Que los hechos y antecedentes expuestos, sin perjuicio de
otros antecedentes de la investigación, pueden justificarse hechos que revisten
carácter de delito, en los que resultan sospechas fundadas de participación de
Augusto Pinochet Ugarte, quien posee fuero constitucional por haber ejercido el
cargo de Presidente de la
República ”.
A.- DECLARADOS REOS ASESOR Y
SECRETARIA
El mismo jueves 14 de abril sometió a
proceso al abogado Oscar Custodio Aitken Lavanchy, asesor financiero, y a la
sargento ® Mónica Victoria Ananías Kunkar, secretaria por infraccionar el
inciso primero del Nº4 del artículo 97
del Código Tributario. Al primero como “cómplice” del delito atribuido a
Pinochet de “omisión maliciosa” de ingresos en sus declaraciones de impuestos
en el período 1998-2004, “toda vez que en este período llevó adelante
procedimientos destinados a ocultar la identidad del contribuyente Augusto
Pinochet Ugarte, en las inversiones que
posee en el extranjero y en Chile”. Estas inversiones son las operaciones con
instrumentosc financieros como la constitución de las sociedades de inversión y
adquisición de propiedades a través de ellas
En
cuanto a Ananías Kunkar, “le
correspondió participación de cómplice en el delito tributario que se ha tenido
por acreditado”, por el período 1984
a 2004, “especialmente por cuanto estando en
conocimiento de las distintas inversiones, cuentas y depósitos en el extranjero
del contribuyente Augusto Pinochet Ugarte, entregó al contador de éste la
información que se utilizó para confeccionar las declaraciones de impuestos
ocultando los demás antecedentes que se encontraban a su disposición, de lo que
queda constancia de los distintos traspasos de fondos en que tomó participación,
como también que dentro de la información incautada de su oficina se
encontraron cartolas de tales cuentas y una relación de lo que previamente
proporcionó a Marco Antonio Pinochet Ugarte”.
El
ex albacea pidió su libertad bajo fianza el martes 19 de abril, pero la Quinta Sala de la Corte capitalina, la rechazó
por unanimidad, ordenando su encarcelamiento
por estimarlo un “peligro para la seguridad de la sociedad”.
El
lunes 25 la sargento Ananías Kunkar sufrió similar derrota
por segunda vez por parte de la misma Corte, cuyos magistrados también la consideraron “peligro para la seguridad de la sociedad”, debiendo cumplir reclusión en dependencias del Batallón de Policía Militar.
por segunda vez por parte de la misma Corte, cuyos magistrados también la consideraron “peligro para la seguridad de la sociedad”, debiendo cumplir reclusión en dependencias del Batallón de Policía Militar.
72 horas después, el juez embargó los bienes de ambos reos.
J.-CORTES
CONFIRMARON AUTOS DE REO
La defensa
de los procesados interpuso sendos recursos de amparo y apelación, para
derribar lo resuelto por el ministro de fuero. Pero, en sucesivas y unánimes
decisiones, jueces de la Corte
de Apelaciones capitalina, su 5º Sala el viernes 19, y posteriormente de la Corte Suprema , su 2ª
Sala el miércoles 24, dejaron a firme la situación de María Lucía Hiriart y su
hijo Marco Antonio Pinochet, llegando el tribunal de alzada a considerarlo “un
peligro para la seguridad de la sociedad”, teniendo “en cuenta la forma y
circunstancias de los ilícitos investigados en la causa”. No se discutió el fondo
de los cargos, sino una eventual transgresión de sus derechos humanos, pero
nada de ello se acreditó por existir un tribunal legítimo y con pleno ejercicio
de sus derechos constitucionales por parte de los acusados.
Por otras parte, el viernes 26 de agosto,
el magistrado Muñoz nombró interventor para una inversión nominal por US$
1.420.000 que Augusto Pinochet, a través de su empresa “Eastview Finance”,
hizo en Argentina, adquiriendo una
oferta de título de deuda de la empresa “Pulsar International”, administrado y
garantizado a través de Estándar Bank, con acciones en Savia Seminis y terrenos
en el Estado de Monterrey, México. Esta operación fue tomada po el Coutts Bank
de Miami en el Estandar Bank.
La “Pulsar International” cayó en
cesación de pagos, por lo que liquidaron totalmente las garantías y la sociedad
“Eastview” recibió un abono de US$854.000, como finitiquito de la inversión,
que se depositaron en el Banco Santander de Miami en dos cuentas a nombre de
“Eastview”. Tras solictar a María Lucía Hiriart se abstuviera de haber
movimientos de estos dineros, por ser la representante oficial de su marido, el
juez Muñoz ordenó al banco Santander ponga los fondos a disposición del
Tribunal en un depósito en dólares en el Banco Santander Santiago. De todo ello
se informó a las partes en el juicio.
Capítulo XXIII.-
PINOCHET ACUSADO POR NEGOCIACIÓN
INCOMPATIBLE Y MALVERSACIÓN
A fines de junio, los
querellantes Carmen Hertz y Alfonso Insunza Bascuñán llevaron de nuevo al
banquillo al imputado principal. En una fundamentada petición, le hcieron ver
al ministro de fuero que solcitara al Pleno de la Corte de Apelaciones
capitalina el alzamiento del fuero de Augusto Pinochet, para formalizarle causa
por existir pruebas suficientes de que incurrió en los ilícitos de “malversación
de caudales públicos” y “negociación incompatible”.
Sostuvieron la primera imputación en
los antecedentes acumulados en el proceso que “fondos de la Casa Militar se
derivaron a las cuentas personales de Augusto Pinochet en el extranjero o a las
soceidades creadas por este, para depositar dineros, efectuar inversiones,
enviar cheques a Chile o utilizar los dineros para la compra de bienes, lo que
constituiría hechos delictuales, configurándose el ilícito de malversación de
caudales públicos previsto en los artículos 233 y siguientes del Código
Penal”, de Chile.
Asimismo, de la propia investigación
sustanciada por el ministro de fuero, en conexión con reportajes periodísticos,
aparecen pruebas relacionados con los dineros depositados en cuentas personales
de Pinochet (ya sea abiertas a su nombre o nombres encubiertos), sociedades al
portador controladas por él o por testaferros. En concepto de los recurrentes,
hubo “comisiones por adquisición de armamentos efectuadas por el Ejército de
Chile a grandes industrias de armamento extranjeras, contratos suscritos por
FAMAE de ventas ilegales a países con embargo”. Y desde su convicción,
tales negociaciones “le han generado un
lucro ilegal e inmerecido, lo que configura el ilícito de negociaciones
incompatbles, al haberse interesado personal y directamente en la suscripción
de contratos que no podían redundar en su beneficio personal por el cargo
público que ostentaba a la fecha de la comisión de los ilícitos, tipificándose
de esta manera el delito previsto y sancionado en los artículos 240 del Código
Penal”.
Capítulo XXVI.-
ARQUEO FINAL DE
MUÑOZ: US$ 28
MILLONES ACUMULÓ PINOCHET
Cuando la proposición del
Presidente Ricardo Lagos al Senado, de nombrarlo ministro de la Corte Suprema estuvo
algo asentada, el magistrado Sergio Muñoz creyó que alcanzaría la cúspide de su
carrera funcionaria y preparó su despedida como ministro de fuero del caso
Riggs. Y le presentó un informe final a los abogados querellantes: Alfonso
Insunza y Carmen Hertz, María Teresa Muñoz, del CDE; Víctor Araya, de la Fundación Salvador
Allende y Rodrigo Veliz, del S.I.I. También a los defensores de la familia
Pinochet: Pablo Rodríguez, Gustavo Collao, Fernando Rabat, Hugo Ortiz, Luis Pacull, Aldo Duque y Jorge
Guzmán. Y al letrado a cargo del ex albacea, Rodrígo Henríquez.
A media mañana del jueves 6 de octubre,
en su despacho del primer piso del Palacio de Tribunales entregó su balance:,
cuyo resumen fue: La investigación detectó un total de 28 millones de dólares
en las cuentas del imputado Augusto Pinochet.
Una semana después, el Congreso
llevó a la merecida cima al juez Muñoz, nacido en una ciudad agrícola del sur
de Chile, San Carlos. Y el martes 18 de octubre, este abogado de 51 años, porte
bajo y semicalvo, juró como el más joven integrante en la historia de la Corte Suprema de su
país.
Entre viernes 21 y lunes 24, la esposa
del imputado y su hijo Marco Antonio, declarados reos y en libertad bajo fianza,
fueron prontuariados, en un procedimiento consistente en asignar una ficha
individual con su fotografía facial, de frente y costado, más sus imprisiones
digitales y la anotación del proceso que enfrenta.
Capítulo XXIX.-
MINISTRO DE FUERO LO CULPÓ DE
MALVERSAR CAUDALES PÚBLICOS
Pero
el juez Muñoz no dejó tareas inconclusas. Exactamente el mismo histórico martes
18 de octubre –para él-, dejó presentada ante el Pleno de la Corte de Apelaciones
capitalina una nueva petición de desafuero por el delito de “malversación de
caudales públicos”, como lo habían planteado los abogados querellantes Alfonso
Insunza y Carmen Hertz. A juicio del ministro, el ex gobernante de facto
utilizó fondos reservados por US$ 2.056.840, “en beneficio propio y de su familia”.
Muñoz
partió enunciando hechos probados en su investigación criminal, como las
actividades de la “Casa Militar” relatadas en los capítulos XV y XXVIII de
este libro, cuando asumieron en el círculo de hierro de Pinochet los coroneles
Jorge Ballerino Sanford y Ramón Castro Ivanovic, e inauguraron el método de las
cuentas en el Riggs para los Fondos Reservados.
En ambas cuentas binominales
se registraron ingresos por más de cuatro y medio millones de dólares, de los
cuales se transfirieron al menos US$61.320,00, para fines propósitos
particulares, a saber: se transfieren US$35.225 a la cuenta que mantuvieron
Augusto Pinochet Hiriart y María Victoria Molina Carrasco en el Bank of América
de California, mediante catorce transferencias mernsuales de aproximadamente
US$2.515 cada una, realizadas entre agosto de 1983 y octubre de 1984 y US
$26.095 a la cuenta de Patricio Madariaga Gutiérrez, en esa fecha Cónsul de
Chile en Los Angeles, California, quien en su declaración reconoce que los
fondos fueron destinados a solventar los gastos de vida de Augusto Pinochet
Hiriart.
Consta que entre junio y
julio de 1984, cerraron las referidas binominales y la plata la transfirieron
en dos actos a la cuenta Nº 45052 abierta en el Banco Riggs de Miami IBC, con
el nombre ficticio de “John Long”, que fue una chapa usada por Ballerino.
Sanford.
Los traspasos se hicieron mediante dos cheques
por US $287.381,80 y US$840.194,29, respectivamente. Y de esta cuenta se
pasaron al menos US$60.030 para propósitos particulares, mediante la
transferencia de US$30.015 a la cuenta que mantuvieron Augusto Pinochet Hiriart
y María Victoria Molina Carrasco en el Bank of América de California y US$
30.015 tranferidos a la cuenta mantenida por Patricio Madariaga Gutiérrez en el
Security Pacific Bank”.
El entonces Cónsul en
California Patricio Madariaga (su hermana Mónica era Ministro de Justicia) en
su declaración ante el ministro de fuero, admitió la recepción de dos giros de
US$ 15 mil. El primero de ellos fue un mandato para adquirir una reja para la
casa que arrendaba Pinochet Hiriart en Simi Valley, California, y el segundo
giro, para la compra de una camioneta en la empresa General Motors, que debió
enviar a Chile en 1985, para uso de un guardaespaldas del general Augusto
Pinochet.
Por cierto está probado judicialmente
que los dineros pasados a “John Long”
corresponden a gastos reservados. Ballerino aseguró haberlos entregado a
Guillermo Garín Aguirre, su reemplazante en la “Casa Militar”. Después vino
Gustavo Collao Mira, que le entregó a José Miguel Latorre Pinochet, el prmer
secretario privado del comandante en jefe.
Conforme a la declaración
judicial de Collao Mira, de fojas 11.541, traspasó un total de US$ 163.868. En
realidad fueron dos envíos: uno por US$47.000 y otro por US$ 116.868.
Según el ministro, desde 1990, cuando
Pinochet ejercía como Comandante en Jefe del Ejército, los fondos reservados se
utilizaron para solventar gastos personales suyos, transfiriéndose por ejemplo
(en 1990) US$9.500 a la cuenta personal de Augusto Pinochet Ugarte en el Banco
Riggs de Miami (Nº 70754-5). Además se tomaron cheques a nombre de su
secretaria Mónica Ananías Kunkar.
El monto realmente configurado como gasto
reservado, asignado a la “Casa Militar”, y que el otrora gobernante usó en beneficio
propio, es de US$285.218,73, fondos respecto de los cuales “existe plena
certeza que se configura el delito de malversación de caudales públicos”,
aseveró el investigador.
Hasta la fecha, respecto de otros US$
4.409.005 girados desde los mismos Gastos Rerservados, “no se ha acreditado
si fueron utilizados para beneficio personal de Augusto Pinochet Ugarte o algún
miembro de su familia”, estimó el ministro.
Desde el 27 de abril de 1989 al 31 de
diciembre de 2002, el capitán general utilizó las cuentas extranjeras
aperturadas a nombre de sus secretarios privados para almacenar y manejar
dineros de otras cuentas que mantenía en el Banco Atlántico Zurich, Banco
Atlántico Gilbraltar, del Citibank N.Y, del Baco Espirito Santo Miami. Estos
capitales –ponderó Muñoz- “fueron utilizados en su totalidad para solventar sus
gastos personales, para transferirlos a otras cuentas o para ser utilizados por
su familia y su secretaria personal Mónica Ananías Kuncar, suma que alcanzó un
total de US$1.771.622,24, respecto de los cuales existen sospechas
fundadas que pueden provenirde Gastos Reservados, en que podría configurarse el
delito de malversación de caudales públicos”.
Los hechos precedentemente apuntados como
verdaderos judicialmente revisten carácter de delito, por lo cual entonces, la Corte deberá asumir si alza
o no la garantía constitucional que posee el imputado. De serle quitado su
privilegio, podrá el tribunal “proseguir con la investigación respecto de la
utilización de Fondos Reservados en beneficio propio y de su familia por la
suma total de US$ 2.056.840” ,
recalcó el magistrado a sus colegas.
CAPITULO XXX.-
POR CUATRO DELITOS CORTE
SUPREMA LE QUITÓ FUERO
Justo una semana más tarde -martes 25 de
octubre-, la Corte Suprema
convalidó por mayoría lo obrado por su nuevo integrante y admitió como legítima
la penúltima petición del 14 de abril de suspender el fuero de ex Presidente al
imputado Augusto Pinochet, por estimar muy fundadas las sospechos por los
delitos dados por establecidos por el saliente ministro de fuero: Declaraciones
de impuestos maliciosamente incompletas, por
más de 2.200 millones de pesos; Adulteración de su declaración de
bienes ante notario al retirarse de la Presidencia de la República en 1989; Falsificación
de pasaportes; y Falsificación de
documentación fiscal de la Subsecretaría de Guerra para acreditar ingresos.
Previo
a la resolución la
Suprema Corte conoció los alegatos de las partes. El
defensor, Pablo Rodríguez, sostuvo “que no se encuentran
configurados ni los tipos penales ni la participación de Augusto Pinochet
Ugarte en los hechos imputados” y que “aún cuando ello fuere efectivo, la
responsabilidad del mismo estaría extinguida por la prescripción”. Además rechazó
vincular a su defendido con el tráfico de armas y admitió que sólo podía ser
indagado por evasión tributaria entre 2000 y 2004.
Lo
contradijo la querellante María Teresa Muñoz, apoderada
del Consejo de Defensa del Estado chileno: “....existen pruebas suficientes de
que la fortuna de Augusto Pinochet se originó en el tráfico de armas y el uso
de fondos reservados de la
Casa Militar ”. Remitiéndose al proceso judicial, disparó: “En
la investigación existen antecedentes suficientes respecto de su origen, el
cual por ahora podría proceder de gastos reservados, que son fondos fiscales, y
que tienen que ver con negocios importantes que realizaron el Ejército y las
Fuerzas Armadas, puesto que hemos encontrado numerosos depósitos en cuentas de
Pinochet de sociedades relacionadas con éste, que provienen de fábricas que se
dedican a la producción de armamentos”.
La apoyó Alfonso Insunza, otro de los abogados querellantes,
promoviendo la ratificación del desafuero por los vínculos del ex jefe
castrense con el blanqueo de fondos y por las declaraciones tributarias incompletas
o falsas registradas entre 1980 y el 2004. Acusó: “Existen antecedentes
irrefutables que acreditan su participación en lavado de dinero.
Fundamentalmente, la formación de sociedades externas utilizadas para esconder
esos millones de dólares”.
El representante de la Fundación Salvador
Allende, abogado Víctor Araya, gastó pólvora en la legalidad del embargo que
hizo el juez español Baltasar Garzón mientras Pinochet estuvo detenido en la
capital británica.
En su dictamen de mayoría, el tribunal máximo expresó en cinco
considerandos su posición. En primer lugar recogió lo alegado en estrados por
el
abogado Pablo Rodríguez, resolviendo que no le correspondía pronunciarse sobre
los cargos mismos, pues ello deben hacerlo “los jueces de fondo”. Dijo que su
labor en la instancia de desafuero se restringía “sólo a examinar si los hechos
imputados presentan los caracteres de delito y si existen sospechas fundadas
para reputar autor, cómplice o encubridor a una persona determinada protegida
por el fuero que se pretende quitar, como se establece en el artículo 612 del
Código de Procedimiento Penal, que exige para actuar de esa manera ‘datos que
podrían bastar para decretar la detención de un inculpado’, como lo dispone el
N° 1 del articulo 255 del mismo cuerpo legal”.
En cuanto a la segunda parte del
raciocinio, dijo que “es preciso establecer previamente la responsabilidad del
imputado, pues la prescripción se aplica al responsable del ilícito, en una
investigación agotada, como lo establece el artículo 413 del Código de
Procedimiento Penal, y siempre que se cumplan los demás requisitos”.
Finalmente, el tribunal
supremo rechazó investigar al ex gobernante por “alzamiento de bienes” y todo
lo que ejecutó, estando preso en Londres, contra un eventual embargo, tal como
lo pidió el juez de fuero accediendo a una solicitud formal del juez Baltasar
Garzón. La razón fue que “ese hecho, de existir en Chile, no presenta los
caracteres de los delitos contemplados en los artículos 269 bis, inciso
primero, segunda parte, 466 y 469 N° 6 del Código Penal”.
Uno
de los ministros del máximo tribunal, Enrique Cury, quiso dejar constancia que
“en consideración a lo expuesto y atendidos los antecedentes reunidos en este
proceso” correspondía rechazar la alegación de incapacidad procesal de Augusto
Pinochet Ugarte, por una presunta enajenación mental.
Hasta la fecha, el ex
general golpista ha enfrentado siete peticiones de desafuero desde que dejó la
presidencia de Chile, el 11 de marzo de 1990. A estos dos desafueros se suman otros por
la “Operación Cóndor”, “caso
Caravana de la Muerte ”,
“caso Prats”, “caso Conferencia” (asesinato de la cúpula del
Partido Comunista) y “Operación Colombo”.
En cuanto al juicio mismo,
el
tribunal máximo tardó 10 días en designar reemplazante del ministro ascendido.
Y la designación unánime recayó en el ministro Carlos Cerda Fernández para
continuar con la investigación sobre el origen de la fortuna de Augusto
Pinochet Ugarte. Uno de los supremos, Enrique Cury,le dio valor al
nombramiento: “(Cerda)...es un ministro que tiene antecedentes de ser un
investigador muy eficiente, es un hombre muy independiente”.
Su historial se vincula al régimen
militar. El año 1986, cuando en la calidad de juez especial (ministro en
visita) investigaba las actividades represivas del denominado “Comando
Conjunto”, encausó al ex integrante de la Junta Militar ,
Gustavo Leigh Guzmán, comandante en jefe de la FACH , y a 40 agentes. Esta medida le significó
que en 1987 fuera sancionado por la Corte Suprema por negarse a aplicar la “Ley de
Amnistía”.
CAPITULO LXVI .-
TODO EL CLAN PROCESADO POR EVASIÓN DE
IMPUESTOS Y PASAPORTES FALSOS
El lunes 23 de enero de 2006, cuando Chile había elegido por vez
primera a una mujer como Presidente de la República –Michelle Bachelet Jeria con 53,5 % de
los votos- tuvo lugar la primera de
varias resoluciones negativas durante el año para el clan Pinochet-Hiriart. Ese
día de intenso calor en Santiago, el magistrado Cerda comunicó su resolución de
someter a proceso por evasión de impuestos a María Lucía Hiriart, a cuatro de
sus cinco hijos, una nuera, su secretaria y su asesor financiero.
El mismo lunes, Cerda sometió a proceso a
cuatro de los cinco hijos Pinochet Hiriart y a una funcionaria jefe del
Servicio de Registro Civil e Identificación, por falsificación de pasaportes.
En
el tema tributario, el magistrado se apoyó en 45 piezas piezas del expediente,
que enunció en las primeras 8 de las 16 páginas de su resolución, como
innumerables documentos bancarios, informes institucionales, declaraciones de
numerosas personas, informes técnicos, auditorías, cuentas de las brigadas
policiales, exhibición de documentos, cintas magnetofónicas, peritajes
contables e informes policiales e institucionales. De dicho cúmulo se desprendieron las presunciones de cargos
en contra de cada uno de los reos.
A.- OSCAR AITKEN
El abogado y asesor
financiero, en sus declaraciones anuales de impuesto a la renta, no consignó
los honorarios adicionales que obtuvo administrando las empresas del empresario
capitán general. Como tampoco “consideró entre esos ingresos los intereses que
percibió en sus cuentas bancarias” en el Banco de Chile Nueva Yory y Coutts.
Además el contribuyente “excluyó” los intereses devengados por las empresas
extranjeras con las que estaba relacionado: “Tasker Investment”, “Cornwall
Overseas” y “Eastview Finance”. Por estos tres conceptos “se produjo un
perjuicio fiscal” de $ 232.647.587.
Junto con lo anterior, el letrado efectuó
inversiones e incurrió en desembolsos, gastos y egresos que tampoco justificó
con las rentas que declaró, “por lo que los dineros de semejantes egresos son
de origen desconocido”. Entre 1995 y 2005 se totalizó un total de $
6.078.184.542 de procedencia “ NN “. Considerando la legislación que prescribe
las infracciones legales, sólo se consideraron los fondos de origen desconocido
por los años 2.000 al 2005 y esto dio un monto por $3.017.315.782..
En
su conjunto, “el total del perjuicio fiscal causado por los hechos” atribuidos
a Aitken fue de $ 1.692.368.595.
B.- MARÍA LUCÍA HIRIART
Como mantuvo residencia y domicilio en Chile quedó afecta a las leyes (Decreto Ley 824) que obligan a
todos los ciudadanos a declarar sus
impuestos a la renta, provengan del exterior o del país. Por ello está afecta
al impuesto de Primera Categoría sobre los intereses y utilidades provenientes
de sus inversiones fuera de Chile y al Global Complementario por la totalidad
de sus ingresos.
Tras
su separación de bienes y liquidación de su sociedad conyugal, la contribuyente
efectuó, entre los años 2.000 y 2005, “inversiones de origen desconocido” que
en lo tocante al año tributario 2.000 produjeron perjuicio fiscal por $ 1.580.327. Durante el período tomado,
“omitió declarar los intereses y utilidades que
le produjeron sus inversiones en el exterior y en el país”, causando
dado fiscal por $189.793.771, por concepto de Primera Categoría, y de
$258.015.523, por Impuesto Global Complementario.
Consecuentemente,
“en moneda de diciembre de 2.005, el total del perjuicio fiscal” asignado a la
cónyuge del capitán general, dedujo el ministro, “alcanza los $449.389.621.
C.-INES
LUCÍA PINOCHET HIRIART
Con domicilio y residencia
en Chille, hizo inversiones entre 1994 y
2005 que ascendieron los $2.343.387.844, que excedieron con mucho los ingresos
que declaró anualmente a través del formulario 22, por lo que sus inversiones
fueron hechas “con fondos de origen desconocido”, dijo el juez.
Inés Lucía Pinochet.
Asimismo, en el lapso
tomado, “obtuvo intereses de fuente extranjera” por $43.906.936. Considerando
las leyes prescriptivas que le favorecen, “esta contribuyente evadió
$450.034.425 de Impuesto Global Complementario
por rentas de origen dssconocido y $3.822.600 de Impuesto de Primera
Categoría por intereses y utilidades del extranjero, lo que hace un total por
el quinquenio 2.000-2005 de $453.857.024”.
D.-MARCO ANTONIO PINOCHET HIRIART
Consumó inversiones en el
quinquenio 2.000-2005 por sobre los ingresos que declaró anualmente en el
formulario 22, de manera que las efectuó “con fondos de origen desconocido”. De
igual forma, no consignó los intereses que le proveyeron las cuentas corrientes
en el extranjero a su nombre, en el Citibank Nueva York- y al de su sociedad
“Meritor Investment Limited” y otras. Considerando que no pagó impuestos por
Global Complementario y de Primera Categoría, por intereses y utilidades
emanados del exterior, el tribunal estimó que
en moneda de diciembre de 2.005 el total del perjuicio estatal
ocasionado por Marco Antonio llegó a $128.170.684.
E.-JACQUELINE MARIE PINOCHET HIRIART
Desde 1999 al 2005, materializó inversiones por $ 158.165.960 con
fondos de origen desconocido, si se compara, como en los casos anteriores, los
ingresos que anualmente declaró en el formulario 22. Como no pagó los impuestos
del Global Complementario y en su caso también opera la prescripción, el
perjuicio fiscal calculado para ella alcanzó los $24.973.444.
F.-MARIA
VERÓNICA PINOCHET HIRIART
Tampoco
logró explicar con qué fondos hizo inversiones por $119.681.702, en el período
1996-2001. Y como no pagó los impuestos de rigor (Global Complementario y
Primera Categoría), el total del daño fiscal imputado a ella sumó los $540.723.
G.-MARIA
SOLEDAD OLAVE GUTIÉRREZ
En
el caso de la nuera, tuvo una actividad financiera en los años 1999 al 2004,
empleando $104.480.031 que derechamente se presentaron con origen desconocido.
Y al no cumplir con los deberes tributarios (Global Complementario) y
aplicándole el beneficio de la prescepción, quedó causando perjuicio al erario
nacional por $ 35.442.359, concluyó el magistrado.
H.- MÓNICA
VICTORIA ANANÍAS KUNCAR
La sargento jubilada invirtió el año
2001 la suma de $173.301.467, con fondos de origen desconocido. De ello se
verificó un faltante tributario para el Fisco de $89.344.811. Junto con lo
anterior, en los años 1998 al 2.005, recibió intereses de fuente externa
por $12.692.788, que omitió en las
correspondientes declaraciones a la renta.
A juicio del juez, al no haber
declarado los impuestos respectivos, Global Complementario y Primera Categoría,
incurrió en evasión por $92.195.492.
Las conductas detalladas en la
resolución encajaron en el artículo 97 del Código Tributario, que penaliza la evasión
de impuestos mediante la no presentación de la declaración, sencillamente,
o incluyendo en ellas información incompleta, para inducir a la liquidación de
tributos inferiores a los correspondientes. La encargatoria de reo ameritó la
orden de detención de todos, pero con la salvedad de gozar de libertad bajo
fianza de diversos montos. El más alto para Aitken, María Lucía Hiriart, Inés
Lucía y Marco Antonio Pinochet Hiriart, por tres millones de pesos; dos
millones para la sargento Ananías; un millón de pesos para Jacqueline y la
nuera; y 300 mil para María Verónica Pinochet.
I.- REOS POR FALSIFICACIÓN DE PASAPORTES
Veamos lo relacionado con los
pasaportes falsos. El magistrado, en su dictamen de seis páginas, hizo ver que
para determinar las responsabilidades tomó en consideración numerosos
documentos, informes del Senado de USA, informes de la Jefatura Nacional
de Extranjería, brigadas CIBERCRIMEN y FTIR de la Policía de
Investigaciones, numerosas
declaraciones, inspecciones personales del tribunal y documentos emanados de
instituciones estatales. Con estos antecedentes se acreditaron una serie de
hechos. En primer lugar, la dirección general de asuntos consulares e
inmigración de la
Chancillería otorgó a María Alvarez de Suárez el pasaporte
diplomático 314-77, el 11 de octubre de 1977. Luego, este apareció
extendido a “Augusto del Pino Huerta” y se agregó la fotografía de Osvaldo
Augusto Pinochet Hiriart y un número de cédula de identidad perteneciente a
Edith del Carmen Gallardo Morales.
Con ese salvoconducto así configurado,
el primogénito del capitán general salió y entró del país las veces que quiso,
cuando se desempeñaba como asesor económico, con el rango de consejero, en el
Consulado de Chile en Los Angeles, Estados Unidos.
Su hermana Inés Lucía obtuvo el
pasaporte diplomático 502-82, el 30 de septiembre de 1982, bajo el
nombre “Lucía P.Hiriart” y lo ocupó así tanto veces viajó al exterior entre los
años 1982 al 1989. Incluso, al día siguiente de tener el salvoconducto, abrió
en Estados Unidos las cuentas Nros. 116-23, y
38800186, en el Citibank.
La consanguínea María Verónica
consiguió los pasaportes 1632-78, 145-81 y 558-82
ocupando los nombres de “Verónica
Ponce”, “María Verónica Pinochet de Ponce” y “María Verónica P. de Ponce”, con
diversas firmas en cada documento.
Jacqueline Marie se granjeó cinco
pasaportes numerados 175-74, 383-84, 265-84, 205-88
y 275-89, bajo cuatro distintas identidades: Jacqueline Pinochet
Hiriart, la correcta; “Jacqueline Pinochet Ugarte”; “Jacqueline P. Hiriart de
Amunátegui”; “Jacqueline Marie P. Hiriart”; y “Noguera Jacqueline”.
¿Cómo fue posible disponer de tantos
salvoconductos tan fácilmente?
Bueno, el ministro de fuero estableció
que Erica Eugenia Stemann Parrao, la jefa de la Sección Pasaportes
y Extranjería del Servicio de Registro Civil y de Identificación, extravió una
serie numerosa de pasaportes, debido a que cumplió mal los procedimientos
ocupados para devolver los salvoconductos defectuosos a la fábrica de los
mismos: Casa de Moneda.
La mujer debía registrar los
cuadernillos nulos o malos cada cierto tiempo en un libro, para devolverlos a
la sección almacenes. En tanto, los blancos eran dejados en un canastillo por
la jefa para ser redistribuidos al día siguiente para el debido lleno. Los
rechazados, a un libro especial a la espera del reparo y si esto no ocurría, se
iban a la bodega. La investigación
determinó que Erica Stemann alteró los procedimientos, “lo que motivó el
extravío de decenas de pasaportes, de varios de los que se hizo posteriormente
uso con informaciones inexactas o falsas”.
A los implicados se les sometió a
proceso como autores de los delitos de uso y/ o falsificación de pasaportes,
sancionados por los artículos 199 y 200 del Código Penal. Y contra todos se
dictó orden de aprehensión, con el beneficio de la libertad bajo fianza de 100
mil pesos a cada uno de ellos.
J.- LIBRES BAJO FIANZA
El miércoles 25 de
enero, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones
confirmó la libertad bajo fianza a la esposa, hijos y colaboradores de Augusto
Pinochet, tras los procesamientos que les afectó. Previamente, el tribunal escuchó las alegaciones
de
Pablo Rodríguez, a favor de Lucía Hiriart; Alberto Ríos, por Jacqueline; Luis
Pacull, por Marco Antonio; Juan Ignacio Piña, por Olave; Rodrigo Henríquez, por
Aitken, y Carlos Cáceres, por Ananías. Todos sostuvieron que sus clientes no
eran un peligro para la sociedad. Ninguno de los querellantes se hizo presente.
El abogado Rodríguez aprovechó de fustigar la
resolución del juez Cerda, calificándola de “indignación jurídica” porque no le
corresponde a Hiriart declarar los fondos de la sociedad conyugal, sino al
esposo.
La familia del ex gobernante, congregada por el tribunal enla Escuela
de Gendarmería, permaneció por seis horas a la espera de la favorable
resolución. Habían llegado antes de las ocho de la mañana. Hiriart se vio
nerviosa, más distendidos Aitken y Marco Antonio, quienes almorzaron en el
lugar. Al abandonar el recinto, este último se quedó: “No hemos tenido el
debido proceso, no hemos tenido la oportunidad de defendernos, no hemos podido
entregar ningún antecedente a la opinión pública. (...) Esto es una venganza
política, es una persecución”.
La familia del ex gobernante, congregada por el tribunal en
K.- FRUSTRADA FUGA DE INÉS LUCÍA A EE.UU
Quien faltó a la cita fue Inés Lucía Pinochet. El domingo 22 salió del país, acompañada de Rodrígo García, uno de sus hijos, por el Paso Los Libertadores hasta Mendoza. De ahí voló a Buenos Aires, desde donde se embarcó en el vuelo 846 de United Airlines, asiento 32, con rumbo a Miami, Estados Unidos, pero con escala en la capital. Al arribar a las 9.15 horas del martes 25, al aeropuerto de Dulles, Washington, quedó detenida en una unidad del Servicio de Migraciones de ese país, tras ser interrogada varias horas por los oficiales a cargo y no permitírsele el ingreso al territorio USA. El juez Cerda ya había despachado orden internacional de su captura a INTERPOL y al FBI, en coordinación con la oficina del agregado legal del FBI en Santiago, Paul Cha.
El mensaje electrónico Nro.446, de INTERPOL, a INTERPOL Washington
con copia informativa a todos los estados miembros de la organización, comunicó
lo siguiente: “Favor rastrear y ubicar a la siguiente fugitiva en virtud a
requerimiento de la Corte
de Apelaciones de Santiago, causa rol Nro. 1649-2004, seguida por los delitos
de exacción ilegal y otros, que instruye
el Ministro de Fuero señor Carlos Cerda Fernández, quien el día 23 de enero de
2006 decretó orden de aprehensión y la puesta a disposición de este tribunal a
la ciudadana chilena Inés Lucía Pinochet Hiriart, cédula nacional de identidad
Nro. 5.423.640-9, fecha de nacimiento 14.DIC.943, hija del General Augusto
Pinochet y de Lucía Hiriart”.
El miércoles 26, a las 19.00, el embajador de Estados
Unidos en Chile, Craig Kelly, comunicó al canciller chileno Ignacio Walker que
la prófuga había solicitado asilo político a las autoridades.. La mujer declaró varias horas ante agentes de Migraciones y
el FBI, quienes le hicieron saber que
juez Carlos Cerda deseaba hablarle por teléfono Y que el cónsul de Chile
en Washington, Felipe Cousiño, se encontraba en el recinto para entrevistarse
con ella. A ambas peticiones rehusó. Su
hijo Rodrigo ventiló una carta suya en Santiago, quejándose de “persecución
política” por lo de las acusaciones judiciales. El ministro Carlos Cerda
descartó los temores de la procesada y que pensar así “no le hacía bien a la sociedad
chilena”.
Impactado por la aparición
de la noticia en las agencias internacionales y en las portadas de los diarios
digitales del mundo, el Ministro del Interior, Francisco Vidal, manifestó el
rechazo gubernamental: “El asilo político es cuando no hay estado de derecho,
cuando no hay debidos procesos. Lo esencial y lo más importante para los
chilenos es que Chile es un estado democrático, un estado de derecho y, por
ende, cualquier ciudadano está en condiciones del debido proceso”.
El canciller Ignacio Walker exhibió la estrategia
gubernamental, en una breve declaración antes de internarse en el Palacio de La Moneda a una cena de gala
que brindaría el Presidente Lagos a su huésped, el Presidente de México,
Vicente Fox: “Esperamos que se rechace la solicitud”. Efectivamente, el
Gobierno estadounidense le quitó la visa y con ello quedó lista para ser
expulsada del territorio de USA, con lo cual debía regresar a Santiago,
derrotada.
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