Cierran caso Riggs sin resolver culpables en tráfico de drogas que llenó arcas de familia Pinochet
Enviado por Diario El Corresponsal el 07/08/2013 a las 13:08
Luego de nueve años de investigación, el
ministro en , Manuel Valderrama, decidió cerrar el caso
que indagaba el origen de la fortuna y las cuentas corrientes secretas del
general Augusto Pinochet Ugarte, sin procesar a ninguno de sus .
El caso Riggs, que pretendía determinar cómo el dictador y comandante en jefe del Ejército obtuvo 21 millones 320 mil 110 dólares, quedó sólo con en retiro de la institución en calidad de reos por el delito de malversación de caudales públicos, según informó este lunes el portal Terra.
Entre los procesados se encuentran, únicamente, los generales (R) Jorge Ballerino y Ramón Castro, quienes abrieron la primera cuenta secreta del ex jefe de Estado con identidades falsas, al igual que el general (R) Sergio Saravia, y los coroneles (R) Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean, como los secretarios privados de Pinochet que gestionaron la transferencia y el ocultamiento de los fondos.
La arista “Drogas” del caso Riggs, sin embargo, fue hábilmente ignorada por la justicia chilena, quedando sus involucrados en la impunidad.
El 14 de octubre de 2005, un grupo a cargo del subcomisario Patricio Bascuñán Acevedo, e integrado por el inspector René Sagardia Poblete y el subinspector Axel Muñoz Chartier, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas (FTIR) de la PDI, entregaron sobre este punto una informativa “minuta” al ministro de fuero– la cual fue incorporada a fojas 139.933.
Las indagaciones, dice textualmente el punto 2, estaban dirigidas a dilucidar las “eventuales vinculaciones que hayan tenido en el ámbito del narcotráfico y las posibles desviaciones de precursores químicos, entre otros, ya que existe la posibilidad que debido a estos actos ilícitos, hayan sido el origen de los dineros que se encuentran en las cuentas del Banco Riggs”.
Los tópicos mencionados en la minuta, según el periodista Benedicto Castillo, incluían: una investigación al Complejo Químico Industrial del Ejército, referente a la producción y comercialización de éter (precursor químico de la cocaína); los antecedentes relacionados con el empresario de la chatarra, Edgardo Bathich Villarroel, y sus vinculaciones con la familia Pinochet; los antecedentes relacionados al ciudadano norteamericano Ivan Baramdyka (alias “Trinidad Moreno”), sus conexiones con narcos chilenos y colombianos entre 1985 y 1993, al igual que sus contactos con el gobierno de la época; y los antecedentes solicitados a la Cancillería chilena, respecto a la calidad de funcionarios diplomáticos de los hermanos Augusto y Marco Antonio Pinochet en el Consulado de Chile en Los Ángeles, entre 1980 y 1990.
Los detectives de la PDI tomaron conocimiento de los 28 tomos del juicio que sustanció el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel en contra de la empresa “Focus Chile Motores S.A.” por los delitos de defraudación al Fisco. Sus propietarios eran Edgardo Bathich, Alex Jacob Neder (hijo del general de la Fuerza Aérea y ex embajador de Pinochet, Elías Jacob Helo) y el chileno Héctor Novoa Vásquez (hermano de Jovino Novoa, senador de la UDI y ex subsecretario de Pinochet), quienes figuraban como socios de Marco Antonio Pinochet y del narcotraficante colombiano Jesús Ochoa Galvis, supuesto primo de la familia Ochoa Vásquez ligada al Cartel de Medellín.
Con la llegada de Patricio Aylwin a La Moneda, según explica el periodista Juan Gasparín, el general Horacio Toro – director de Investigaciones – recibió un acabado informe sobre los movimientos de Ochoa Galvis en el país. La información señalaba que el colombiano, técnico de laboratorio de profesión, alquilaba una casa en Providencia y usaba un flamante BMW731 matriculado a nombre de Tircal Holding S.A., sociedad panameña cuyo domicilio en Chile era Teatinos 248, décimo piso.
En las mismas dependencias de Teatinos funcionaba el estudio de abogados Eluchans & Cia. Entre sus socios figuraba nuevamente el jurista Héctor Novoa Vásquez y, como cabecilla del bufete, el ahora presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Edmundo Eluchans Urenda (UDI) – objeto de las críticas en un reciente reportaje de “Contacto” del periodista Juan Francisco Riumalló, por omitir más de 10 sociedades en su declaración de intereses y patrimonio.
El caso Riggs, que pretendía determinar cómo el dictador y comandante en jefe del Ejército obtuvo 21 millones 320 mil 110 dólares, quedó sólo con en retiro de la institución en calidad de reos por el delito de malversación de caudales públicos, según informó este lunes el portal Terra.
Entre los procesados se encuentran, únicamente, los generales (R) Jorge Ballerino y Ramón Castro, quienes abrieron la primera cuenta secreta del ex jefe de Estado con identidades falsas, al igual que el general (R) Sergio Saravia, y los coroneles (R) Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean, como los secretarios privados de Pinochet que gestionaron la transferencia y el ocultamiento de los fondos.
La arista “Drogas” del caso Riggs, sin embargo, fue hábilmente ignorada por la justicia chilena, quedando sus involucrados en la impunidad.
El 14 de octubre de 2005, un grupo a cargo del subcomisario Patricio Bascuñán Acevedo, e integrado por el inspector René Sagardia Poblete y el subinspector Axel Muñoz Chartier, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas (FTIR) de la PDI, entregaron sobre este punto una informativa “minuta” al ministro de fuero– la cual fue incorporada a fojas 139.933.
Las indagaciones, dice textualmente el punto 2, estaban dirigidas a dilucidar las “eventuales vinculaciones que hayan tenido en el ámbito del narcotráfico y las posibles desviaciones de precursores químicos, entre otros, ya que existe la posibilidad que debido a estos actos ilícitos, hayan sido el origen de los dineros que se encuentran en las cuentas del Banco Riggs”.
Los tópicos mencionados en la minuta, según el periodista Benedicto Castillo, incluían: una investigación al Complejo Químico Industrial del Ejército, referente a la producción y comercialización de éter (precursor químico de la cocaína); los antecedentes relacionados con el empresario de la chatarra, Edgardo Bathich Villarroel, y sus vinculaciones con la familia Pinochet; los antecedentes relacionados al ciudadano norteamericano Ivan Baramdyka (alias “Trinidad Moreno”), sus conexiones con narcos chilenos y colombianos entre 1985 y 1993, al igual que sus contactos con el gobierno de la época; y los antecedentes solicitados a la Cancillería chilena, respecto a la calidad de funcionarios diplomáticos de los hermanos Augusto y Marco Antonio Pinochet en el Consulado de Chile en Los Ángeles, entre 1980 y 1990.
Los detectives de la PDI tomaron conocimiento de los 28 tomos del juicio que sustanció el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel en contra de la empresa “Focus Chile Motores S.A.” por los delitos de defraudación al Fisco. Sus propietarios eran Edgardo Bathich, Alex Jacob Neder (hijo del general de la Fuerza Aérea y ex embajador de Pinochet, Elías Jacob Helo) y el chileno Héctor Novoa Vásquez (hermano de Jovino Novoa, senador de la UDI y ex subsecretario de Pinochet), quienes figuraban como socios de Marco Antonio Pinochet y del narcotraficante colombiano Jesús Ochoa Galvis, supuesto primo de la familia Ochoa Vásquez ligada al Cartel de Medellín.
Con la llegada de Patricio Aylwin a La Moneda, según explica el periodista Juan Gasparín, el general Horacio Toro – director de Investigaciones – recibió un acabado informe sobre los movimientos de Ochoa Galvis en el país. La información señalaba que el colombiano, técnico de laboratorio de profesión, alquilaba una casa en Providencia y usaba un flamante BMW731 matriculado a nombre de Tircal Holding S.A., sociedad panameña cuyo domicilio en Chile era Teatinos 248, décimo piso.
En las mismas dependencias de Teatinos funcionaba el estudio de abogados Eluchans & Cia. Entre sus socios figuraba nuevamente el jurista Héctor Novoa Vásquez y, como cabecilla del bufete, el ahora presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Edmundo Eluchans Urenda (UDI) – objeto de las críticas en un reciente reportaje de “Contacto” del periodista Juan Francisco Riumalló, por omitir más de 10 sociedades en su declaración de intereses y patrimonio.
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