CAMBIO21
Las millonarias estafas y delitos que realizaron generales y coroneles del Ejército para enriquecer a Pinochet
28/07/2014
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Por Verónica Romero
El abogado querellante contra el enriquecimiento ilicito contra Pinochet explicó a Cambio21 que los acusados son los que quedaron de un grupo de más de veinte personas que fueron investigadas por las cuentas secretas de Pinochet y que los dineros no se han podido recuperar, aunque sí hay bienes raíces que se podrían recuperar para el Fisco.
El abogado querellante contra el enriquecimiento ilicito contra Pinochet explicó a Cambio21 que los acusados son los que quedaron de un grupo de más de veinte personas que fueron investigadas por las cuentas secretas de Pinochet y que los dineros no se han podido recuperar, aunque sí hay bienes raíces que se podrían recuperar para el Fisco.
Seis oficiales en retiro, que se desempeñaron como secretarios generales del
Ejército o secretarios privados de Augusto Pinochet, fueron acusados por estafa
y malversación de fondos públicos, con los que Pinochet juntó una fortuna de 27
millones de dólares en cuentas secretas, especialmente en el Banco Riggs de
Estados Unidos.
Por lo anterior, el ministro de la causa, Manuel Valderrama, procesó a los generales retirados Jorge Ballerino, Ramón Castro y Sergio Moreno, además de los coroneles(r) Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Juan McLean. El juez declaró que "el delito de malversación de caudales públicos se caracteriza porque no se le da el fin determinado por la ley a los fondos que se reciben del erario nacional y se destinan a otro efecto que no sean los fines públicos, los cuales están asignados y si hay gasto reservado con certificado de buena inversión", a lo que agregó que "en esta etapa procesal se les acusa por no haber destinado los fondos a los usos que son pertinentes".
El caso Riggs, nombre con que se conoce al proceso judicial que se siguió contra Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos, comenzó cuando se descubrió que el fallecido dictador mantuvo cuentas secretas en el Riggs Bank.
Cabe recordar que todo comenzó a conocerse cuando una investigación que realizó el senado norteamericano sobre financiación del terrorismo internacional, reveló que Pinochet mantenía alrededor de 125 cuentas que sumaban US$27 millones y que varias de ellas fueron abiertas después de que el ministro Baltazar Garzón congelara sus fondos internacionales.
Alfonso Insunza, abogado querellante en el caso, en entrevista con Cambio21 comentó que "este proceso lleva 10 años y en 2007 el ministro Carlos Cerda procesó a veinte personas, entre ellos a toda la familia de Pinochet y de ellos quedaron estos seis acusados que fueron los secretarios de Pinochet que lo ayudaron a ocultar el dinero en cuentas corrientes en el extranjero".
Sobre esto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en conversación con Cambio21 expresó que "lo sorprendente de esto es que hay seis uniformados, que sin duda es importante que se les haya procesado por el caso Riggs y finalmente aquí se acceda a entender que aquí ocurrió un ilícito de enriquecimiento" y agregó que "sin duda, al fin hay un proceso en que está involucrado el dictador y donde hay condenados y sujetos a los que se les responsabiliza".
Sobre qué pasó finalmente con el dinero de las cuentas de Pinochet, Insunza declaró que "no se pudo determinar el destino final de todas esas platas; lo que sí es que hay bienes raíces que están embargados, pero el fisco está accionado civilmente contra la familia para lograr recuperar esas propiedades. En todo caso, hay una suerte de impunidad en esto, para qué andamos con cosas, ya que la Corte Suprema acogió el amparo a favor de ellos (la familia) aduciendo que el delito lo cometían los empleados públicos y ellos no lo eran".
Respecto de esto, Lorena Pizarro dijo que "el problema es qué pasa con la familia Pinochet, que es aquella que fue beneficiada con ese enriquecimiento y que junto al dictador asaltaron las arcas fiscales y se enriquecieron de manera ilícita y de manera grosera, como todos los dictadores del continente. Es curioso que sea por el tema de las cuentas en el banco Riggs, y no se sindique al dictador como el responsable y partícipe de los crímenes de lesa humanidad de los que es responsable. Tiene que ver con esta lógica finalmente que son hechos importantes pero incompletos, siempre queda un sector de las investigaciones donde hay este beneficio de la impunidad".
Con respecto a lo que sigue, el abogado mencionó que "ahora viene un proceso en que tenemos que incorporarnos a la acusación, también el fisco y después se les notifica a los acusados para que se defiendan y después se dicta sentencia, que espero que sea condenatoria, aunque es posible que los condenen con beneficios carcelarios de remisión de la pena y la cumplan en libertad, porque estos delitos económicos tienen baja pena en general, pero de todas maneras el culpable principal murió", concluyó el jurista.
En tanto que Lorena Pizarro expuso que "yo no sé cuál es la penalidad en casos así, pero sin duda que la experiencia dice que en todas las causas de derechos humanos apunta a la impunidad de los genocidas y no a encontrar responsables civiles y uniformados y por sobre todo dictar penas que sean efectivas, por eso digo que siempre las satisfacciones son relativas, porque finalmente siempre nos enfrentamos a situaciones que terminan en injusticia".
Por lo anterior, el ministro de la causa, Manuel Valderrama, procesó a los generales retirados Jorge Ballerino, Ramón Castro y Sergio Moreno, además de los coroneles(r) Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Juan McLean. El juez declaró que "el delito de malversación de caudales públicos se caracteriza porque no se le da el fin determinado por la ley a los fondos que se reciben del erario nacional y se destinan a otro efecto que no sean los fines públicos, los cuales están asignados y si hay gasto reservado con certificado de buena inversión", a lo que agregó que "en esta etapa procesal se les acusa por no haber destinado los fondos a los usos que son pertinentes".
El caso Riggs, nombre con que se conoce al proceso judicial que se siguió contra Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos, comenzó cuando se descubrió que el fallecido dictador mantuvo cuentas secretas en el Riggs Bank.
Cabe recordar que todo comenzó a conocerse cuando una investigación que realizó el senado norteamericano sobre financiación del terrorismo internacional, reveló que Pinochet mantenía alrededor de 125 cuentas que sumaban US$27 millones y que varias de ellas fueron abiertas después de que el ministro Baltazar Garzón congelara sus fondos internacionales.
Alfonso Insunza, abogado querellante en el caso, en entrevista con Cambio21 comentó que "este proceso lleva 10 años y en 2007 el ministro Carlos Cerda procesó a veinte personas, entre ellos a toda la familia de Pinochet y de ellos quedaron estos seis acusados que fueron los secretarios de Pinochet que lo ayudaron a ocultar el dinero en cuentas corrientes en el extranjero".
Sobre esto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en conversación con Cambio21 expresó que "lo sorprendente de esto es que hay seis uniformados, que sin duda es importante que se les haya procesado por el caso Riggs y finalmente aquí se acceda a entender que aquí ocurrió un ilícito de enriquecimiento" y agregó que "sin duda, al fin hay un proceso en que está involucrado el dictador y donde hay condenados y sujetos a los que se les responsabiliza".
Sobre qué pasó finalmente con el dinero de las cuentas de Pinochet, Insunza declaró que "no se pudo determinar el destino final de todas esas platas; lo que sí es que hay bienes raíces que están embargados, pero el fisco está accionado civilmente contra la familia para lograr recuperar esas propiedades. En todo caso, hay una suerte de impunidad en esto, para qué andamos con cosas, ya que la Corte Suprema acogió el amparo a favor de ellos (la familia) aduciendo que el delito lo cometían los empleados públicos y ellos no lo eran".
Respecto de esto, Lorena Pizarro dijo que "el problema es qué pasa con la familia Pinochet, que es aquella que fue beneficiada con ese enriquecimiento y que junto al dictador asaltaron las arcas fiscales y se enriquecieron de manera ilícita y de manera grosera, como todos los dictadores del continente. Es curioso que sea por el tema de las cuentas en el banco Riggs, y no se sindique al dictador como el responsable y partícipe de los crímenes de lesa humanidad de los que es responsable. Tiene que ver con esta lógica finalmente que son hechos importantes pero incompletos, siempre queda un sector de las investigaciones donde hay este beneficio de la impunidad".
Con respecto a lo que sigue, el abogado mencionó que "ahora viene un proceso en que tenemos que incorporarnos a la acusación, también el fisco y después se les notifica a los acusados para que se defiendan y después se dicta sentencia, que espero que sea condenatoria, aunque es posible que los condenen con beneficios carcelarios de remisión de la pena y la cumplan en libertad, porque estos delitos económicos tienen baja pena en general, pero de todas maneras el culpable principal murió", concluyó el jurista.
En tanto que Lorena Pizarro expuso que "yo no sé cuál es la penalidad en casos así, pero sin duda que la experiencia dice que en todas las causas de derechos humanos apunta a la impunidad de los genocidas y no a encontrar responsables civiles y uniformados y por sobre todo dictar penas que sean efectivas, por eso digo que siempre las satisfacciones son relativas, porque finalmente siempre nos enfrentamos a situaciones que terminan en injusticia".